Integrantes del Consejo de Administración cuestionaron al nombrado interventor por supuestas irregularidades con un contrato que mantuvo con la CEEZ.
Ayer, en conferencia de prensa la presidente de la CEEZ , Claudia Domínguez, dió detalles de la situación actual de la institución y aseguró que no hay todavía notificaciones de la justicia respecto a la intervención.
«Toda noticia que nosotros tenemos es por los medios, a nosotros personas Jurídicas ni el subsecretario de gobierno, ni el juez, ni el fiscal Gaitan, nadie nos ha notificado de nada, hasta hoy (lunes 29 de abril) a las 11:30 de la mañana, no se ha producido ninguna notificación ni de la justicia ni del gobierno de la provincia», señaló Domínguez en el comienzo de su alocución.
Lo hizo para poner en contexto a los medios presentes, respecto de las noticias que dan cuenta de la intervención de la CEEZ y del nombre de quien habría sido designado.
Respecto a la primera medida cautelar conocida y dictada por el Juez Choco, al que destacó como juez subrogante, Domínguez dijo que la disposición que daba origen a esto contenía varias cuestiones que faltaban a la verdad y que no se los había notificado, y tampoco se había dado la posibilidad de defenderse.
Luego se refirió otra decisión del juez, que designó al interventor que se hará cargo de la administración de la Cooperativa por 90 días. Resolución que tomó el magistrado por pedido de la Fiscalía de Estado y que en una primera instancia no había hecho lugar, según la información dada en diferentes medios locales.
La presidente Domínguez contó además que el interventor designado, es el contador Mc Kidd y este no figura como inscripto en el Colegio de Ciencias Económicas, advirtiendo que se puede realizar la búsqueda en el padrón, y que el contador no tiene matrícula otorgada por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas.
«Es grave que haya recaído esto en una persona que tiene un conflicto de intereses con esta Cooperativa, porque esta persona fue contratada en el año 2018 por la anterior gestión y se le pagaron una suma aproximada de 8,5 millos de pesos, lo que en dólares significa 462 mil, para llevar adelante un sistema informático junto con otros dos profesionales. Estas personas incumplieron ese contrato, aquí no hay ningún sistema informático entregado, no existe un sistema informático con las características del que se contrató, y esta persona sí percibió los montos que decía este contrato» opinó Domínguez en conferencia de prensa.
Haciendo referencia al cobro de honorarios por parte de los profesionales, Domínguez dijo que por dichos de los empleados de la cooperativa, «Esta gente venía a buscar los bolsos de dinero, porque se los llevaban en efectivo, en 2018, una cuestión absolutamente prohibida ser llevados como se lavaban en bolsas, venían el dia 13 se llevaban esos montos y entregaban facturas a mano . que también en esa época no podían hacer esas facturas pero se hacían, tenemos las pruebas, por eso digo que hay un conflicto muy grande contra esa persona que ha sido designada y que quizá explique porque tanto esfuerzo en tratar de venir nuevamente a la cooperativa no? a lo mejor esto nos da alguna claridad o presunción de porque esta persona es la que quiere venir a la cooperativa eléctrica».
Preocupa a las autoridades de la CEEZ los honorarios del interventor que estiman rondaría los 34 millones de pesos mensuales, regulados en función de lo que factura la CEEZ», continuó la presidente.
Juan Carlos Mc Kidd fue intimado por carta documento hace unas semanas y el consejo de administración adelantó que iniciará una causa judicial. Dicen contar con documentación que avala irregularidades en la forma de pago del contrato y que el sistema informático jamás fue entregado.
«Es una de las principales causas de preocupación, en las manos que va a estar esta cooperativa», sentenció Domínguez.
Sin ser notificada sobre la intervención, la CEEZ presentó en la Justicia un acción de amparo que solicita una medida cautelar contra el gobierno de la provincia con el objeto que se declare la nulidad de la presentación realizada por personas jurídicas ante la fiscalía que derivó el pedido de intervención.
