El diputado Raúl Podestá (NE-FG) presentó un proyecto que plantea modificar la Ley provincial de Tierras Fiscales Nº 263 en materia de condiciones de adjudicación y limitaciones a su adquisición por parte de extranjeros.
La intención es dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.737 de “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. A la vez, Podestá también presentó un proyecto de resolución y otro de comunicación para que el poder Ejecutivo nacional cumpla con la normativa.
El proyecto de ley –Nº 10.357- propone incorporar un artículo a la ley Nº 263 que determina que sólo podrán ser titulares de derechos sobre tierras fiscales, ubicadas en zona de frontera y de seguridad, los ciudadanos argentinos nativos. También plantea modificaciones al artículo 5 de la norma provincial para que no sean adjudicatarios de tierras fiscales las sociedades que no tengan por objeto principal la explotación agraria; las personas que se dediquen a transacciones de inmuebles como actividad habitual; los concesionarios en venta o arrendamiento de otra tierra fiscal que constituya unidad económica de explotación; funcionarios y personal contratado por gobiernos provincial o de municipios con rangos jerárquicos y propietarios de predios que representen al menos una unidad económica, con excepción de que ésta fuere excedida por la capacidad familiar de trabajo del productor.
La iniciativa plantea que quedarán exceptuadas de la aplicación de la ley las personas extranjeras con diez años de residencian permanente que demuestren una actividad económica registrada; quienes tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente de cinco años con una actividad económica registrada y quienes hayan contraído matrimonio o unión convivencial con un ciudadano argentino con cinco años de anterioridad y también demuestren una residencia permanente de cinco años y el desarrollo de una actividad económica registrada.
Por otro lado, plantea un plazo no mayor a cinco años para que el poder Ejecutivo proceda a la regularización dominial de las tierras fiscales ocupadas por familias encuadradas en la agricultura familiar, en el marco de la Ley Nacional Nº 27.118.
En tanto, el proyecto de resolución –Nº 10.359- propone que el poder Ejecutivo provincial cumpla con el relevamiento de tierras en manos de personas humanas y jurídicas extranjeras, contemplado en la reglamentación de la ley N° 26.737 que establece la obligación de las provincias de comunicar a la autoridad de aplicación la superficie total de cada una de ellas, discriminando las tierras rurales y urbanas.
En otro orden, el proyecto de comunicación –Nº 10.358- expresa el agrado para que desde el poder Ejecutivo nacional se dé cumplimiento a lo dispuesto en la ley y su reglamentación.
