La fiscal pidió 7 años de prisión para el condenado. (Gentileza)
Bajo amenazas de muerte, una mujer fue abusada por su expareja en marzo del año pasado. Durante el juicio, realizado en diciembre, la víctima se retractó de la denuncia. La fiscal Laura Pizzipaulo explicó que eso ocurrió porque se trata de una persona inmersa en un ciclo de violencia, con separaciones y reencuentros desde que era adolescente. Sostuvo que hubo un “aprovechamiento» del condenado y argumentó que “todo ataque a la libertad sexual es considerado violencia de género”.
El Tribunal de Juicio, integrado por las juezas Leticia Lorenzo, Bibiana Ojeda y Patricia Lupica Cristo, destacaron que “la fiscalía ha visto un caso en el que había un riesgo, en el que vio una situación que tenía que ser resuelta en juicio y decidió seguir adelante, aún con la complejidad de una víctima que no se reconoce como tal en este momento”.
Lorenzo señaló que “el contexto de violencia de género no puede desmerecerse y es un agravante”, como así tampoco “la situación actual de vulnerabilidad de la víctima”.
La fiscal pidió al tribunal que JVL, condenado por abusar sexualmente de su expareja, deba cumplir 7 años de prisión efectiva.
“La pena que pidió la fiscalía es una pena que resulta justa”, sostuvo la jueza Lorenzo, e informó que el tribunal resolvió, por unanimidad, imponer los 7 años de prisión efectiva solicitados.
Los antecedentes del caso
El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2021, a las 8 y en cercanías a la ciudad de Aluminé. Según la teoría que la fiscalía llevó al juicio, el imputado ingresó al domicilio en el que se encontraba viviendo la mujer y, bajo amenaza, la obligó a irse con él a otro lugar, donde la golpeó y cometió el abuso.
La pareja convivió más de 15 años, tiene 4 hijos en común, y la víctima dijo que su agresor «es la única persona que me ayuda» a cuidarlos.
El 22 de diciembre, JVL fue declarado responsable de abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor.
En la audiencia de cesura, la representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que se trata de un caso en el que “la violencia de género es evidente” y que, además, se dio durante muchos años.
“Es un tema que debe ser considerado como agravante por el tribunal, en relación con la naturaleza de la acción y los medios empleados para cometer el delito”, aseguró Pizzipaulo.
«Hacía un poco de disturbio, pero en su domicilio»
En la audiencia de cesura resultó significativa la declaración de un primo del imputado quien puso en evidencia con cuánta naturalidad se asume la violencia machista entre los varones.
El defensor público, quien lo convocó como testigo a favor del condenado, le preguntó si tenía problemas con el alcohol. La respuesta fue que cuando se embriagaba «hacía un poco de disturbio en su domicilio, en el entorno familiar». Sin que se lo preguntaran agregó: «pero nunca me enteré que le pegó a su esposa hasta el día de hoy».
Ante el interrogatorio de la fiscal, admitió que sabía que la víctima se iba de la casa cuando su expareja se emborrachaba. Pizzipaulo le preguntó si eso le parecía normal. «Hacía disturbios cuando tomaba alcohol, pero no de manera consciente. Cuando estaba fresco, ella volvía», respondió el hombre.
El defensor público Guiñez pidió que se haga una excepción al mínimo previsto en la escala penal, que para este delito prevé penas de 6 a 15 años, y solicitó 3 años de prisión condicional.
Las tres juezas que llevaron adelante el juicio rechazaron el planteo del representante legal del condenado y le impusieron los 7 años pedidos por la fiscal.
«Escuchar no siempre lleva a hacer caso»
Lorenzo, en el veredicto, explicó que «escuchar a una persona en un proceso judicial no siempre lleva a hacer caso a los deseos de esa persona», y en este caso en particular «hay circunstancias que nos llevan a dudar que la palabra de la víctima sea voluntaria».
«No consideramos que la hayan amenazado», aclaró. «Probablemente esté convencida de lo que está diciendo. Lo que tenemos que valorar es si lo que está diciendo la va a poner en una situación reparadora o en una situación de mayor peligro».
Dijo Lorenzo que «aquí hemos juzgado un hecho de grave violencia. No vemos que la palabra de la víctima sea suficiente para decir ‘aquí no ha pasado nada’. Es frecuente que las víctimas de este tipo de hechos se retracten o no quieran seguir adelante».
«Desde nuestra perspectiva, sería cerrar los ojos a lo que hemos visto en el juicio sostener que la señora tiene una voluntad legítima, libre, intencionada de no ir adelante con este proceso», agregó.
También afirmó que «si nosotras, a partir de situaciones que nos parecen más o menos conmovedoras, que nos mueven las fibras íntimas, empezáramos a tomar decisiones, dejaríamos de ser juezas de la ley».
Fuente: www.rionegro.com.ar
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