El bloque FdT Neuquino presentó un proyecto de comunicación para requerir al Poder Ejecutivo nacional que someta a debate parlamentario las medidas dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. La iniciativa apunta a fortalecer el principio republicano de la división de poderes.
En la nota de elevación, se solicita a la presidencia de la Legislatura provincial la convocatoria a sesión especial para el tratamiento de la iniciativa, por tratarse de un asunto de interés público.
Los fundamentos señalan que el DNU elevado por el Poder Ejecutivo nacional contiene 366 artículos de diferentes modificaciones y derogaciones para “reestructurar la economía argentina” y subrayan que el sistema republicano de gobierno adoptado en la Constitución Nacional establece la división, control y equilibrio entre los tres poderes del Estado. En ese esquema, las leyes son dictadas por el Congreso Nacional, a través de un sistema de representación elegido por voto popular con diputados y senadores.
También explican que los DNU se incorporaron a la Constitución en la reforma de 1994 con el objetivo de otorgar al presidente una herramienta para saltear la división de poderes y cambiar leyes por decreto sin pasar por el Congreso pero “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
En esa línea, sostienen que las reformas y derogaciones de las leyes que impulsa el presidente Javier Milei con el DNU deben ser debatidas en el seno del Congreso, que es el órgano constitucional competente para ello. “Existe un fuerte rechazo por diferentes sectores de la sociedad, dado que se le está vedado al Poder Legislativo ejercer sus funciones constitucionales, impidiendo cualquier análisis de fondo de las reformas propuestas y el debate serio y profundo respecto del contenido regulatorio”, afirman.
El proyecto (16377) ingresó por Mesa de Entradas el 2 de enero y lleva las firmas de Lorena Parrilli, Darío Martínez y Darío Peralta.
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