El roquense Martín Soria asumió ayer finalmente como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La espera fue larga, pero la ceremonia ajustadamente se extendió por cinco minutos, realizada en Casa Rosada.
“Martín, sos bienvenido”, lo saludó el presidente Alberto Fernández antes del juramento y, después, de una culposa despedida de la desplazada Marcela Losardo. “Agradecerle el trabajo hecho durante este tiempo” e “hizo lo que especialmente yo le pedí”, aseguró.
Soria llega claramente con otro propósito, delineado por su impronta y por la misión asignada para forzar reformas y recambios en la Justicia.
Su labor será extraministerial, pues la cartera tendrá pocas modificaciones, a partir de la ratificación del viceministro Juan Mena, con referencia exclusiva en la vicepresidenta Cristina Fernández y, además, una historia en el área y en el vínculo judicial.
Como diputado nacional, el roquense fue activo denunciante del lawfare. Ahora, en el oficialismo se espera que su gestión logre alteraciones, empezando por dos iniciativas paradas en Diputados: modificaciones en el Ministerio Público -como la elección del Procurador y desplazamiento del interino Eduardo Casal- y las reformas en el Poder Judicial.
El exintendente asume dos semanas después del anuncio presidencial, esperando que la Cámara Baja formalizara su renuncia, que ocurrió el sábado.
Una semana antes se generó la expectativa cuando trascendió la salida de Losardo y tomó cuerpo su ingreso. Fueron días donde se instaló el debate entre el primer mandatario y su vicepresidenta por el reemplazo, que incluía la definición de la estrategia en el trato con el Poder Judicial. La expresidenta consiguió su cometido y Soria fue el designado, con pronóstico de fuertes embestidas a jueces y fiscales.
Esta postura crítica de la Justicia no es novedad en Río Negro. Tras casi una década con funciones en la Justicia Federal (primero en Comodoro Py y, luego, en la Cámara de Roca), el hoy ministro juró en el 2007 en la Legislatura y su método inquisidor derivó en permanentes censuras a los magistrados. Esa ofensiva incluyó pedidos o respaldo a juicio político al Superior Tribunal de Justicia, originando la renuncia del pleno del cuerpo en un año (entre el 2011 y 2012).
Soria mantuvo ese rasgo en ocho años en la conducción del municipio de Roca, salvo una corta aplacamiento para la elección provincial del 2019.
Con la asunción en Diputados, el ex intendente enfocó su cruzada en la Justicia Federal. Lo más directo fue su denuncia y pedido de remoción del juez de Casación, Gustavo Hornos por reuniones con el entonces presidente Mauricio Macri.
Su ofensiva y modo corrosivo fueron captados por la vicepresidenta, quien -con el aporte del neuquino Oscar Parrilli- detectó y valoró esa actitud en Soria, bien en línea con su objetivo anti-judicial. Así, priorizó ese fin y minimizó la desconfianza del pasado, con origen en la relación con su padre, Carlos Soria. Igualmente, el flamante ministro aportó al estado de recelos originales.
En la noche del 14 de febrero del 2019, previo al cierre de las listas provinciales, Soria no atendió el teléfono a Cristina Fernández que llamaba por un lugar para La Cámpora.
No existió olvido de ese destrato en el Instituto Patria. Pero, la atención kirchnerista hoy es bien otra: resultados en su acometida judicial.
Fuente: Rio Negro
