por Guillermo Berto
Natalia Uribe y Juan José Córdoba Salto, los padres del soldado Pablo Córdoba (21) muerto en el Grupo de Artillería de Zapala, pidieron ser querellantes en la investigación del encubrimiento del homicidio.
«Nosotros somos víctimas y tenemos derecho a participar en la investigación del homicidio de nuestro hijo y de todos los delitos que tengan conexión» con el crimen, dijo Natalia.
La presentación ante el juez federal subrogante Hugo Greca la hicieron a través de su abogado, Maximiliano Orpianessi, quien invocó todas las normas procesales y legales que sustentan el reclamo.
Pablo Córdoba era soldado voluntario y el 1 de junio pasado estaba de guardia -porque la había cambiado con una compañera- cuando a las 6 de la mañana recibió dos disparos de arma de fuego en distintos sectores de la cabeza. Horas después murió en el hospital.
Todas las pruebas científicas reunidas hasta ahora descartan la hipótesis del accidente o del suicidio. Desde la autopsia en el cuerpo de la víctima hasta la autopsia psicológica, ambas con sus respectivas ampliaciones. Y pasando por la falta de residuos de pólvora en las manos y de huellas en el fusil FAL, entre muchas otras.
Investigaciones separadas
Como informó diario RÍO NEGRO, el juez Greca decidió separar las investigaciones: por un lado el homicidio, y por el otro el encubrimiento. Lo hizo a sugerencia de la fiscal federal interina Karina Martínez Stagnaro.
La fiscal federal le pidió al juez Greca que recaratule el expediente principal, de «muerte dudosa» a «homicidio» y que investigue el presunto encubrimiento, sobre el que hay algunas pistas serias. Dejó a criterio del magistrado que si lo considera adecuado, abra una causa por separado.
El juez desdobló el expediente y le delegó la investigación del encubrimiento a la fiscal Martínez Stagnaro. Además la «invitó» a que se hiciera cargo de la causa por homicidio.
La fiscal aceptó investigar el encubrimiento, pero sobre el homicidio le respondió al juez que procesalmente era imposible que se hiciera cargo de una investigación que el magistrado tuvo casi seis meses en su poder. Planteó que a futuro pueden producirse nulidades que afectarían la averiguación de la verdad.
Cuando sean aceptados como querellantes, los padres del soldado podrán tener acceso al expediente y proponer medidas de prueba.
Fuente: rionegro.com.ar
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