Presentaron un proyecto de ley para otorgar una licencia laboral al personal que deba recibir asistencia médica o realizar trámites judiciales o asistenciales por padecer algún tipo de violencia de género.
La iniciativa pertenece a integrantes del gremio judicial (SEJUN) y señala que la medida debe alcanzar a trabajadores y trabajadoras que presten servicios en los tres poderes del Estado, municipios y organismos descentralizados.
De aprobarse la licencia, el agente que la solicite podrá ausentarse de su lugar de trabajo durante la jornada laboral –de forma parcial o total-; pedir reducción horaria; reordenamiento de la jornada; solicitar movilidad geográfica y hasta la suspensión de la relación laboral con reserva de su puesto de trabajo. Para ello, deberá tramitar un certificado médico o ante el organismo judicial o extrajudicial en caso de tratarse de un trámite que deba realizar en dichas dependencias.
En sus fundamentos recuerda que este tipo de licencias se otorgan en la Ciudad de Buenos Aires desde el 29 de julio de este año; en Mendoza desde el 22 de julio; que el 22 de agosto el Parlamento chaqueño modificó el Estatuto Docente para que se puedan otorgar licencias extraordinarias a docentes que se encuentren en situación de violencia; que el 19 de octubre la Legislatura de Río Negro sancionó una ley que la implementa y de igual modo lo hizo Córdoba el 11 de noviembre pasado.
El proyecto N° 9307 ingresó por mesa de entradas el 20 de noviembre con la firma de Paula Sánchez; Sandra Cornejo; Estella Millaín; Claudio García; Mirta Rossi y Claudia Guzmán, referentes del gremio SEJUN.
Foto: Yamil Regules
