El diputado nacional Leandro López (Cambiemos) denunció ayer -en una entrevista realizada por el programa Periodismo Para Todos- que en la provincia se crearon empresas vinculadas al poder político y sindical que mediante métodos extorsivos, el empleo de la violencia y la usurpación de tierras, se aseguran contratos millonarios en Vaca Muerta.
La denuncia fue realizada hace dos meses ante la Unidad de Información Financiera (UIF), e incluye a seis grupos de empresas. Una de ellas, denominada La Lata SRL, perteneció hasta diciembre de 2015 a uno de los máximos dirigentes de la Confederación Mapuche en la provincia del Neuquén, Gabriel Cherqui (ver adjunto).
“Vengo investigando hace tiempo todo lo que es el negocio petrolero en la provincia del Neuquén y las ramificaciones de la distintas empresas que han crecido en los últimos años con vínculos con políticos de la provincia y del gobierno kirchnerista, con sectores sindicales y con algunos de estos grupos autodenominados mapuches, que muchos no lo son pero están en la Confederación Mapuche”, explicó López esta mañana a radios locales.
Añadió que gracias a estos vínculos se propició “una organización muy aceitada para facturar millones de dólares y manejarse con mucha impunidad en la provincia del Neuquén”.
“Cherqui tiene muchas relaciones con jueces, con fiscales y con políticos de Neuquén. Usurpa tierras bajo consignas de recuperación de tierra ancestral, y tras esa extorsión las empresas se sientan a negociar porque están sin ninguna cobertura. Si a vos te usurpan tu casa y la policía y el juez no te cuidan, te tenés que sentar a negociar ante estos tipos, porque infunden miedo”, aseguró.
Puso de ejemplo el caso de Verónica Pelayes en Zapala, una oficial de justicia que sufrió agresiones al llevar una notificación de desalojo a la comunidad Winkul Newen; también el caso del asesinato de José Aigo en San Martín de los Andes, ambos impunes, y también el de las tierras del istmo de Mari Menuco, “con aquel fideicomiso que familias y asociaciones integraron tras una licitación pública, pagaron la tierra, la provincia les dio la escritura y fueron veinte tipos y dijeron que como era tierra ancestral la usurparon. El gobernador, en vez de defender a las 4 mil familias los dejó quedarse ahí y ahora están diciendo que las van a mandar a otro lado, a 200 km de distancia”.
“Esta situación de indefensión de los ciudadanos y de connivencia con el poder político va a seguir creciendo, porque hay mucho dinero en juego en Vaca Muerta y los extorsionadores se manejan así, sabiendo que no van a tener sanciones”, finalizó López.
