La comisión de Asuntos Constituciones aprobó por unanimidad el despacho de la designación de Alfredo Alejandro Elosú Larumbe como vocal del Tribunal Superior de Justicia y giró su nominación al recinto. Así lo hizo luego de entrevistar durante una hora al candidato.
Previo a la ronda de preguntas, el presidente de la comisión, José Russo –MPN- informó que el lunes de 16 de noviembre se cumplió el plazo de impugnaciones que fija el decreto 590/08, de autolimitación del poder Ejecutivo para la designación de vocales en el máximo órgano del poder Judicial.
Al ser consultado sobre los plazos de la prisión preventiva, Elosú Larumbe expresó su acuerdo con el tiempo procesal de un año que fija en su artículo 119 el nuevo Código Procesal Penal. Dijo no estar de acuerdo con efectuar cambios en dicha jurisprudencia y argumentó que “se puede tener un entendimiento de los tiempos de la justicia neuquina, pero no así con los plazos de la Corte Suprema de la Nación”, en caso de apelar el imputado a la garantía procesal del doble conforme.
También aseguró que la revisión de penas alcanzadas en juicios por jurado debe mantenerse de manera amplia e integral. Explicó que el jurado popular otorga gran legitimidad al veredicto, no obstante resaltó que el nuevo Código adhiere a la Constitución Nacional y a pactos internacionales que se pronuncian respecto al derecho de toda persona a que se le revise la condena y a conocer si hubo un error o no en el proceso de justicia. Aclaró que la provincia resolvió 25 casos a través de esta metodología y que la revocación de una pena sucede en muy pocos casos, tanto en Neuquén como en otros países con mayor tradición en la materia.
Respecto a la implementación del nuevo CPP, destacó los avances en materia de oralidad, transparencia e inmediatez. Dijo que todavía falta un largo trayecto y que se deben mejorar muchos aspectos referidos al sistema de administración de justicia, no obstante aseguró que la puesta en marcha de procesos de audiencias y de mediación para agilizar la resolución de conflictos en instancias primarias, situación que ayuda a “mantener la paz social”.
Sostuvo que la reforma del Código Procesal Civil debe implementar instancias procesales similares y remarcó que una de las bases para avanzar en el cambio del paradigma procesal se sustenta en la capacitación continua de jueces y funcionarios. Añadió que la justicia podía demandar años para culminar con un proceso, pero que ahora se ha vuelto más expeditiva. “La manera de procesar los casos ha cambiado un 100%”, reconoció.
De igual modo, ponderó como una virtud la inclusión de la oralidad en el proceso. Al respecto, señaló que luego de una audiencia el juez debe utilizar un lenguaje “llano” para explicarle a las partes “cara a cara” la decisión que tomó. En el mismo contexto situó a la resolución de conflictos por vías alternativas. Dijo que la posibilidad de alcanzar acuerdos a través de la conciliación o de instancias de mediación agiliza la justicia y permite que no todo se resuelva a través del proceso penal. Advirtió que existen cuestiones por mejorar y puso como ejemplo la cantidad de audiencias que no se logran concretar.
Sobre temas ambientales, opinó que la estructura actual del Ministerio Público Fiscal garantiza la persecución de delitos relacionados en dicho ámbito. También alertó que por su importancia a nivel económico y social, la defensa del medioambiente debe ser considerada una política de Estado. En tanto, se refirió a los casos de litigio por la propiedad de tierras consideradas ancestrales como casusas que se deben analizar cada una desde una óptica particular, es decir, según el momento y el aporte de pruebas que otorguen legitimidad al reclamo.
En otro orden, Russo informó a la comisión que no es preciso introducir cambios en la iniciativa del TSJ que incorpora sanciones intermedias a jueces y funcionarios, y apercibimientos a agentes de la institución judicial. La iniciativa, que modifica dos artículos de la Ley Orgánica de dicho poder, será tratada el martes próximo.
