La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó ayer en general cinco leyes, dos de las cuales fueron enviadas por el Ejecutivo Provincial: la ley que exime del pago de tasas fiscales (en el Registro Civil) a personas con discapacidad y la que modifica la Ley 687 de Obras Públicas, sancionada en 1972.
A la vez, el cuerpo hizo lo propio al sancionar una iniciativa enviada por el TSJ que modifica la Ley Impositiva provincial –N°3.035– a los efectos de reacomodar tasas retributivas percibidas por la prestación de servicios del Poder Judicial y la que propone que los usuarios o consumidores que estén por firmar un contrato de adhesión puedan acceder previamente a una copia del modelo de contrato para poder revisarlo y analizarlo con detenimiento antes de la suscripción. Asimismo aprobó en general la ley que establece que los comercios que tengan como rubro principal el gastronómico y cuenten con mesas para atención al público, ofrezcan a sus clientes agua potable de manera gratuita.
La 6° sesión ordinaria del XLVI Período legislativo comenzó a las 11 con la participación de 27 diputados, y fue presidida por el vicegobernador, Rolando Figueroa, de manera alternada con la vicepresidenta 1°, Alma Sapag.
Con respecto a la modificación de la Ley 687 -de Obras Públicas-, que propone modificar el artículo 8 que en su actual redacción exige “disponer o estar autorizado el respectivo crédito legal y el específico destinado a su financiación, con más un adicional del 20% para ampliaciones, modificaciones, ítems nuevos o imprevistos, previo al llamado a licitación”. De esta manera, busca evitar que se destine crédito presupuestario (20% adicional) a obras que se adjudicarán e iniciarán en un período de tiempo muy posterior al llamado a licitación. Al hablar, Mario Pilatti señaló la necesidad de “actualizar ésta vieja ley del año 1972 para mejorar las posibilidades de gestión desde el sector público y hacerlo más ágil en la resolución de las obras públicas”.
Del mismo modo, el cuerpo aprobó en general una ley que exime a personas con discapacidad del pago de tasas en el Registro Civil. Sergio Gallia (AN) explicó que la iniciativa tiene “un alto contenido social y está orientada a la población que sufre algún tipo de discapacidad”. Dijo que el proyecto del Ejecutivo alcanza las tramitaciones que tengan que ver con situaciones personales o de índole familiar. En ese sentido, mencionó la tramitación de certificados de nacimiento, adopción, defunción y de casamiento; y aclaró que la única excepción será el casamiento a domicilio, en la que sólo se aplicará la eximición en el caso de que uno de los dos contrayentes tenga alguna discapacidad y no pueda concurrir a las oficinas del Registro.
Al fundamentar el proyecto que modifica la Ley Impositiva N° 3.035, Mario Pilatti (MPN) señaló que se modifican cinco artículos que tienen que ver con la tasas que cobra la Justicia. Recordó que los alcances de la iniciativa, presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que modifica la nueva Ley Impositiva N° 3.035, fueron explicados en comisión por el administrador general del Poder Judicial, Eduardo Manqueo, quien señaló que el proyecto incorpora ítems que estaban omitidos en la ley, principalmente en lo que respecta al Registro de Propiedad Inmueble y al Registro Público de Comercio. Pilatti dijo que “por la dinámica de las leyes impositivas, se hace necesario modificarlas una vez por año, al igual que el Presupuesto” y apostó a seguir perfeccionando la legislación provincial en materia tributaria.
Por último, se sancionó, en general y por unanimidad, la ley que regula los contratos de adhesión entre los prestadores de servicios y el consumidor o usuario. La iniciativa pertenece a Sergio Gallia que si bien hizo referencia a los derechos que tienen los consumidores tanto en la Constitución Nacional como en la Provincial, dijo que “hoy no hay normas legales claras con los abusos de contratos de adhesión, son contradictorias”. Agregó que el objetivo de la ley es “atenuar la desigualdad que existe entre empresas prestatarias y consumidores en infinidad de prestaciones de servicios o venta de productos”. En ese sentido, se refirió a los ítems que están en la ‘letra chica’ de los contratos y luego generan trastornos para los consumidores. A la vez, acotó que la iniciativa se enmarca en los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos tanto en la Constitución Nacional como Provincial y contempla la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Trato Digno Nº 2.923 en caso de incumplimiento.
Agua potable en restaurantes y locales gastronómicos
En el 4to punto del Orden del Día se aprobó, por mayoría y en general, la ley para que los comercios que tengan como rubro principal el gastronómico y cuenten con mesas para atención al público, ofrezcan a sus clientes agua potable de manera gratuita. Se trata de un proyecto del diputado Jesús Escobar (Libres del Sur), quien destacó que la iniciativa trata sobre un derecho básico como es el acceso al agua potable y que redundará en una mejor calidad de vida para todos. Aclaró que no se trata de imponer al comercio la entrega de agua mineral ni envasada, sino agua corriente. Los comercios deberán contar con cartelería que dispone este derecho a los clientes y comparó a ésta ley con la de ‘prohibido fumar en espacios cerrados’, que significó un “salto en la calidad de vida de los neuquinos”.
La ley no contó con el voto de la diputada Carolina Rambeaud (PRO) quien dijo que “si bien el objetivo es loable y busca difundir la práctica saludable en la población” consideró que no es la manera acertada de hacerlo a través de una ley. Añadió que se puede hacer de otra manera, dando el ejemplo de ofrecer agua potable en todos los organismos públicos y aliviando la carga impositiva de los contribuyentes, dado que el “Estado es deficiente en la prestación de servicios básicos”. “Un estado que no puede garantizar el acceso al agua, luz y gas, mediante una ley pretende obligar a restaurantes a entregar una jarra gratis y va a usar recursos del Estado para que se cumpla ésa ley”. “La legislación debe tender a mejorar el acceso a servicios básicos a aquellos que viven en situación de vulnerabilidad y no a favorecer a los que pueden pagarse una bebida”, finalizó.
El diputado Santiago Nogueria (Libres del Sur) respondió que no se creará una estructura de inspectores para fiscalizar el cumplimiento de la ley, sino que serán los mismos ciudadanos los encargados de que se cumpla. A favor de la misma se pronunció Carlos Sánchez (UP-UNA) al decir que es un proyecto noble y que ha vivido situaciones incómodas donde a personas mayores se les negó el agua potable cuando debían tomar un remedio y pidió a los comerciantes no abusarse del valor del agua potable. Para Guillermo Carnaghi (FPN) “si bien esto no resuelve el acceso al agua potable de la población, es una buena iniciativa que se utiliza en varios países del mundo y obliga a cambiar nuestros hábitos”.
Otros asuntos
En el apartado de ‘Otros Asuntos’ los diputados se expresaron en relación a la situación de conflictividad que vive por estos días la provincia de Santa Cruz, donde se han producido violentas protestas de docentes y estatales que reclaman el pago de salarios atrasados frente a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner. Al respecto, la diputada Patricia Jure (FIT) señaló que en esa provincia se vive un “clima de rebelión producto del hartazgo de todo un pueblo”. Agregó que se está “ante un gobierno agotado que tiene como aliado estratégico en la oposición a Cambiemos”. Rechazó cualquier intento de intervención de la Provincia y habló de una “falsa grieta” al comparar al gobierno anterior con el del Presidente Macri; porque comparten el mismo desprestigio, la misma fuga de capitales, la misma represión”. Ante esto, la legisladora pidió al Gobierno Nacional que se conforme un “plan de emergencia real”, donde mineras, petroleras y casinos que abundan en esa ciudad paguen un impuesto especial destinado a sobrellevar la crisis de esa provincia.
Por su parte, Eduardo Fuentes (NE-FG) repudió el atentado a la casa de la Gobernadora donde se encontraba junto a la ex presidenta Cristina Fernández, y dijo que fue “perpetrado, organizado, pergeñado de manera conjunta con el Partido Obrero, Clarin y diputados de Cambiemos con el fin de instalar en el imaginario colectivo de persecución a la ex presidenta”. Pidió cuidar y honrar la democracia y dijo que lo que ocurrió en Santa Cruz debería ser repudiado por toda la Cámara. Mientras que Raúl Godoy (PTS -FIT) hizo un acto de desagravio al Partido Obrero que “seguirá en la calle defendiendo a los trabajadores”.
En tanto, Damián Canuto (PRO) expresó agobio personal frente a este tipo de acusaciones de paranoia cruzadas entre los legisladores donde “independientemente de quien las formule siempre aparece el Estado Nacional como cómplice o aliado”. Propuso repudiar “dignamente los episodios de violencia que atenten contra todos los funcionarios y madurar como sociedad para que estos hechos no se den más”.
Otras Sanciones
Durante la sesión, la Cámara dio acuerdo legislativo a la designación de Maximiliano Breide Obeid en el cargo de Fiscal Jefe para la Unidad de Coordinación y Jefatura de la I Circunscripción Judicial, con el único voto negativo del diputado Raúl Godoy.
También aprobó en general y particular la Resolución 955 que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la pronta reglamentación de la Ley 2.824 que crea los Bancos de Leche Humana (Expte. D-936/16 – Proyecto 10.306).
Lo mismo hizo con las declaraciones N° 2.095 que establece de interés del Poder Legislativo el 2° Foro Patagónico de Energías Sustentables, organizado por la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, de la Universidad Nacional del Comahue; la N° 2.096 que establece de interés del Poder Legislativo la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; la N° 2.097 que establece de interés del Poder Legislativo el encuentro taller, denominado “Escenarios Norpatagonia 2030; y la N° 2.098 que expresa solidaridad con cada uno de los ciudadanos afectados por el temporal que azotó a la ciudad de Comodoro Rivadavia y las demás localidades aledañas del extremo sudeste de la Provincia del Chubut
Finalmente se aprobaron dos proyectos de Comunicación por los cuales se manifiesta que se vería con agrado que el Ministerio de Transporte de la Nación adjudicara el permiso para la explotación del servicio de transporte público de pasajeros, en el tramo Mendoza capital-San Carlos de Bariloche, por Ruta nacional 40 (N° 62); y se manifiesta beneplácito por la sanción de la Ley nacional 27.349 -Apoyo al capital emprendedor- (N° 63).
