La Cámara de Diputados de Neuquén ratificó el Acuerdo suscripto entre la Provincia y las empresas YPF, YSUR y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) mediante el cual se reconvertirán áreas y se lanzarán dos pilotos no convencionales por una inversión total de 452 millones de dólares en los próximos cinco años.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo provincial a mediados de mes fue, previamente, aprobada mediante Decreto N° 1.431/16 y llegó al recinto con dos despachos de comisión, uno por mayoría y otro por minoría y fue finalmente aprobada con 22 votos positivos.
El Acta Acuerdo intercambia participaciones y restituye áreas de GyP e YPF en la zona oeste de la provincia, es decir, las retoma a su situación original –previa al contrato UTE entre ambas empresas–, o las reconvierte en permisos de exploración con objetivos no convencionales o Concesiones de Explotación No Convencionales (no contemplados en la norma legal nacional al momento de la firma de las UTE).
Al hablar, Luis Sapag (MPN) miembro informante del despacho por mayoría dijo que muchos de los actuales contratos entre ambas firmas vencen entre el 2017 y el 2018; y explicó que, frente a tal escenario, las opciones fueron dadas por finalizadas la relación o dar continuidad a proyectos de mayor envergadura. “Si no se firmaba este acuerdo, tendríamos 25 áreas paradas incluso con riesgos jurídicos porque las empresas hicieron inversiones” a lo largo de estos años. Detalló que se reconvierten 19 áreas que se transforman en piloto, nueve contratos que se convierten en permisos de exploración –de los cuales ocho se reducen y las toma GyP– y seis contratos se finalizan anticipadamente.
En materia económica, recordó que a la provincia le corresponden 3.5 millones de dólares en concepto de responsabilidad Social Empresaria por parte de YPF y 30 millones de dólares por permisos exploratorios y bonos de explotación de la reconversión de áreas. Sin embargo dijo que “el precio de la transacción” no se limita a la cuestión financiera sino a las áreas que quedan en manos de GyP, que representan 5348 km2, mientras que para la empresa nacional significan 2.292 km2. Asimismo, destacó que la estatal neuquina aumenta el porcentaje de propiedad de 12 áreas, de las que será dueña en un 100%, en tanto en otras ocho pasa del 10 al 50% de propiedad. Finalmente, el legislador del MPN negó que la producción hidrocarburífera esté en caída.
Su par de banca, Mario Pilatti dijo sentirse “orgulloso de ser parte de un estado que tiene capacidad de mostrar este acuerdo entre dos empresas, una nacional y otra provincial, para desatar la potencialidad de nuestro suelo”. Dijo que el país necesita “de ese gas seco porque Argentina importa un cuarto del gas que consumimos y genera empleo en los países de origen, y no aquí donde tenemos el recurso”.
Por la afirmativa también se pronunció Carolina Rambeaud (Pro), quien de todas maneras adelantó modificaciones en particular: pidió no resignar la potestad de discutir el destino de los fondos, criticó que los fondos no sean coparticipables y recordó que con la reconversión de las áreas Amarga Chica y Bajada de Añelo -Ley N° 2.946- no se cumplió la obligación del Ejecutivo de remitir informes. También criticó que no se sepa cuál es el pasivo ambiental. Alejandro Vidal (UCR) quien sostuvo que “no es el mismo acuerdo que el de Chevron porque éste pretende reivindicar reservas que tiene Neuquén en un mercado mundial deprimido con valores que no superan los 50 dólares el barril”. Hizo lo propio Mariano Mansilla (FPN-UNE) al considerar que se trata de un Acuerdo “transparente” entre dos empresas públicas. “Es el mejor convenio al que podemos aspirar los neuquinos ya que G&P no puede explotar las áreas por si sola”.
Por su parte, Jesús Escobar (LS) sostuvo su proyecto en minoría y criticó el de mayoría porque “no defiende los intereses de Neuquén, ya que GyP sólo se queda con áreas marginales como resultado del canje”. Consideró que el Acuerdo es inconstitucional según el artículo 97 de la Constitución Provincial que establece la aprobación mediante dos tercios de la Cámara para casos de cesión de yacimientos por la provincia a una entidad autárquica nacional. Criticó que no se haya convocado a una nueva licitación y comparó el Acuerdo con Chevron, “que tiene iguales condiciones leoninas”. El legislador dijo además que el acuerdo en términos ambientales reconoce que hay pasivo ambiental pero no se dice cuánto ni cómo se va a remediar, “la provincia no impone ninguna sanción para los que incumplan”.
Desde el Frente Para la Victoria habló Guillermo Carnaghi, quien aseguró que “el acuerdo no es beneficioso para la provincia” y su bloque apoyó el despacho por minoría; no obstante solicitó incorporar un artículo para que se coparticipen los 30 millones de canon a los municipios.
Raúl Godoy (FIT-PTS), en su intervención, cuestionó que no se respeten los derechos de las 60 comunidades originarias que habitan la provincia y el deterioro del medio ambiente. En el mismo sentido, Raúl Podestá (NE-FG) rechazó el acuerdo al decir que “estamos volviendo a la época de Repsol, lo que significa liberar áreas para que YPF negocie con las trasnacionales que saquean el país y el continente. Por último, se manifestó en contra la diputada Patricia Jure (FIT) al considerar que “se transforma a la Legislatura en una escribanía de un acuerdo que fue convalidado por el gobernador y que ahora necesita seguridad jurídica de este poder”.
Por otra parte, en la sesión ingresó el Presupuesto General de la Provincia por 51.076 millones de pesos para el Ejercicio Financiero 2017, el del Poder Legislativo por 711 millones y el del Poder Judicial con una erogación de 2.337 millones, los que fueron girados a la comisión de Hacienda y Presupuesto para ser tratados, con moción de preferencia, en la sesión del 30 de noviembre.
La 32° sesión ordinaria del XVL período legislativo se realizó ayer y comenzó a las 15,30 bajo la presidencia del vicegobernador Rolando Figueroa y con la participación de 31 diputados y finalizó a las 21:41
