El jefe de los fiscales neuquinos cargó contra la jueza Carolina González y apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia. “Afecta la independencia judicial”, replicó.
La resolución de la jueza Carolina González de condenar a la fiscalía a pagar las costas de la causa Pelayes no hizo más que reactivar la fuerte polémica que existe entre jueces y fiscales.
El jefe de los fiscales neuquinos, José Gerez, cargó contra la decisión de la magistrada y anticipó que solicitará la intervención del Tribunal Superior de Justicia. “Es una sentencia infundada que avasalla la autonomía de los fiscales. Afecta directamente a la independencia judicial”, explicó Gerez, en diálogo con “Río Negro”.
También cuestionó el pronunciamiento de González al señalar que “confunde terminología básica y hace un análisis muy pobre de la causa”.
“Quiero expresar que sorprende que una magistrada de la provincia ignore o desconozca doctrina del máximo tribunal, mediante la cual se fijó como criterio a seguir que la no imposición de costas tanto al Ministerio Público Fiscal como al Ministerio Público de la Defensa”, sostuvo el fiscal en la nota que le envió al TSJ luego de conocida la resolución de González.
“Más allá de este aspecto ineludible, quiero asimismo transmitir que resoluciones como estas avasallan, socavan y afectan la autonomía funcional de este Ministerio Público Fiscal, que, como único órgano del Estado encargado de la persecución penal del delito, debe ejercer sus funciones bajo el principio de oficiosidad, entre muchos otros”, añadió.
González había condenado a la fiscalía a pagar de las costas de la causa donde se enjuició a tres integrantes de la comunidad mapuche Winkul Nehuén por la agresión que sufrió la oficial de justicia Verónica Pelayes. Los acusados resultaron absueltos a partir del veredicto que dio un jurado popular.
“Considero que estamos ante una decisión que atenta contra el espíritu y la esencia persecutoria que caracteriza al Ministerio Público Fiscal, y restringe el derecho de éste a ejercer libremente la acción penal en defensa de los intereses de la sociedad y, principalmente, de las víctimas, afectándose de este modo la garantía constitucional del debido proceso y la tutela judicial efectiva”, replicó Gerez.
El funcionario judicial le hizo notar al TSJ que “no es la primera vez que jueces realizan intromisiones” y sostuvo que “los fiscales no pueden ver coartada su actuación por la amenaza de ser condenados en costas en caso de no lograr acreditar con éxito la acusación impulsada ante la instancia de juicio”.
