La reforma del artículo 114 del Código Procesal Penal incorpora pautas orientativas para que el juez decida sobre el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, e introduce como nueva causal el riesgo para la integridad de la víctima o de su familia.
La Cámara de Diputados de la provincia aprobó en general y por mayoría la ley que modifica la prisión preventiva, prevista en el artículo Nº 114 del Código Procesal Penal. La reforma incorpora pautas orientativas para que el juez decida sobre el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, e introduce como nueva causal el riesgo para la integridad de la víctima o de su familia. Lo hizo hoy en la 25º sesión ordinaria del XLV Periodo Legislativo que comenzó a las 15.45 con la participación de 25 diputados y bajo la presidencia del vicegobernador Rolando Figueroa.
La ley plantea que los jueces deberán tener en cuenta para decidir acerca del peligro de fuga una serie de circunstancias que incluyen el arraigo del imputado y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; las características del hecho y la pena esperada; la solidez de la imputación formulada respecto del imputado y la calidad de la prueba en su contra; y el comportamiento durante el procedimiento. En tanto que para decidir sobre el peligro de entorpecimiento, el magistrado tendrá en cuenta la presunción de que el imputado pueda destruir o modificar elementos de prueba; influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducir a otros a adoptar ese comportamiento.
Para decidir sobre el riesgo hacia la integridad de la víctima o su familia, el juez valorará la existencia de amenazas o hechos violentos y el incumplimiento, por parte del imputado, de otras medidas cautelares no privativas de la libertad que se hayan ordenado en protección de la víctima, previstas en el artículo Nº 113 del Código Procesal Penal y en las leyes de violencia familiar y de prevención de violencia contra las mujeres.
La votación de la ley fue nominal y contó con 15 votos positivos aportados por el Movimiento Popular Neuquino, Adelante Neuquén, Frente Renovador, FPN-UNE, Unión Popular-Unidos por Una Nueva Argentina y el diputado del PRO, Damián Canuto. En tanto, los 12 votos negativos fueron emitidos por los diputados del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro-Frente Grande, Libres del Sur, PTS-FIT, Unión Cívica Radical y la diputada del PRO, Carolina Rambeaud.
En carácter de miembro informante, la diputada María Laura du Plessis (Movimiento Popular Neuquino) destacó la participación que se le dio a distintos actores durante el tratamiento en comisión y advirtió que los cuatro proyectos de ley sobre el tema -remitidos por el ex gobernador Jorge Sapag, el actual gobernador Omar Gutiérrez, el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal- coinciden en la necesidad de ampliar la prisión preventiva. Explicó que “se trata de dar respuesta a las víctimas de hechos violentos y graves” y enmarcó la modificación en “una demanda social y un pedido de los demás poderes del Estado”, al tiempo que consideró que la oportunidad en la reforma de los procedimientos tiene que ver con la práctica.
Por su parte, el presidente del bloque del MPN, Mario Pilatti, dijo que con la reforma “estamos dando respuesta a los dos poderes del Estado que nos estaban pidiendo esta modificación y a las expectativas de la sociedad, que nos pidió que revisemos este aspecto del Código”. Acotó que la modificación no limita la libertad del juez para evaluar la aplicación de la prisión preventiva sino que otorga pautas a los magistrados. “No significa una contrarreforma sino el fortalecimiento de una herramienta”, aseguró.
Desde el mismo bloque, el diputado Claudio Domínguez dijo que la modificación “es un paso más” pero destacó la necesidad de avanzar en la reforma de otros aspectos del Código Procesal Penal, entre los cuales mencionó el juicio directo y el plazo de elevación de prueba para la audiencia del pedido de prisión preventiva. A la vez, se expresó en forma crítica sobre la falta de sanciones para los funcionarios judiciales que violan los derechos de las víctimas y convocó a continuar trabajando para proteger sus derechos.
A favor se pronunció el diputado del Frente Renovador, Gabriel Romero, quien consideró importante brindar mayores elementos a los jueces para dictar la prisión preventiva y cerrar la “puerta giratoria” para quienes cometan delitos graves.
En tanto, el diputado Eduardo Fuentes (NE-FG) planteó que con la modificación se está haciendo “una especie de asistencia a la víctima desde el lugar equivocado” y objetó que avance sobre la libertad y la presunción de inocencia. En ese sentido, consideró que no da respuesta al pedido de justicia y advirtió que al proteger a la víctima “desprotege el proceso”. Su compañero de bloque Raúl Podestá señaló que la ley no va a modificar el incremento del delito y se preguntó sobre las acciones implementadas en materia de política criminal para evitarlo. Pidió colocar la mirada en el Ministerio Público Fiscal y dijo que con la reforma se está prejuzgando sobre la culpabilidad de la persona que está imputada.
Desde el FpV, Guillermo Carnaghi opinó que la modificación no da respuesta a la demanda de la sociedad, no es oportuna y puede ser tildada de inconstitucional. “Con el actual Código, los jueces y los fiscales pueden actuar”, aseveró. Su compañera de bloque, Nanci Parrilli, calificó la modificación como un retroceso y pidió no colocar a la provincia en situación que genere juicios por inconstitucionalidad. Por el PTS-FIT, Raúl Godoy manifestó que la ley va a reforzar un sistema penal que es clasista, al tiempo que consideró que va a generar un efecto linchamiento con mayor poder punitivo para el Estado.
A su turno, Jesús Escobar (Libres del Sur) reivindicó el Código Procesal Penal vigente que llevó diez años de trabajo y lo calificó como “un lujo y un orgullo para los neuquinos”. En tanto, Alejandro Vidal (UCR) se lamentó no poder participar en los debates de la comisión interpoderes y resaltó la necesidad de atacar las causas y formular políticas criminales que luchen contra la comisión de los delitos. “Esta modificación es una ventana sin vidrio; da lo mismo”, sostuvo. Por su parte, Carolina Rambeaud (PRO) argumentó su oposición a la reforma en la contradicción con el artículo Nº 66 de la Constitución Provincial.
La Cámara aprobó también la ley N° 3019, que modifica el artículo 3º de la Ley 2980 e implementa en la formación del recurso humano en el ámbito de Salud y de Educación, el abordaje integral, interdisciplinario e inclusivo de la personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que había sido aprobada ayer en general.
En el mismo sentido, hizo lo propio con la ley N° 3020, que instituye el 16 de septiembre como Día Provincial de la Juventud, en adhesión a la Ley nacional 27.002 y en conmemoración de la denominada Noche de los Lápices.
