La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J) debatió ayer al mediodía una iniciativa para que la provincia pueda comenzar a cobrar un canon por uso del recurso hídrico a las empresas hidroeléctricas que se encuentran asentadas en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén.
En la ocasión, distintos bloques legislativos expusieron su respaldo a la propuesta, no obstante pidieron incorporar modificaciones e hicieron especial mención a la problemática jurídica que puede habilitarse con las empresas del sector que, por contrato, abonan regalías a la provincia para llevar adelante su producción de energía eléctrica.
Al hablar sobre el alcance del proyecto, el diputado Claudio Domínguez (MPN) indicó que el pago del canon se circunscribe únicamente al agua turbinada que utilicen las hidroeléctricas y justificó el cobro por el recurso al señalar que lo que actualmente se abona en concepto de regalías es ínfimo y representa el 3% de los que se genera a costo mayorista.
De igual modo, recordó que la industria hidrocarburífera paga en la actualidad un monto por el metro cúbico de agua que se utiliza para realizar fracturas hidráulicas. A ello, agregó que lo recaudado se destinará a un fondo específico que permitirá subsidiar la tarifa eléctrica en las localidades que más lo necesiten, emprender proyectos provinciales de centrales térmicas o de parques solares para bajar el costo del insumo eléctrico y destinar recursos a municipios para que puedan desarrollar obras de luz, gas y saneamiento, entre otros puntos.
En ese sentido, Domínguez adelantó que uno de los objetivos que persigue la iniciativa es poder autoabastecer a la provincia de energía y que la misma se encuentre por debajo del costo que se debe pagar a nivel nacional para que una mayor cantidad de industrias se quieran instalar en la zona.
A su turno, el legislador Darío Martínez (FdTN) hizo una serie de consideraciones al texto en debate. Por un lado, puntualizó que los fondos que se destinen a la generación de nuevas fuentes de energía deben priorizar aquellas que tomen el gas como materia prima y no las relacionadas con el sol o el viento por el alto costo que el megavatio tiene en el mercado.
Al respecto, vislumbró que una mejor solución es optar por centrales térmicas que utilizan el gas que ya se produce en Neuquén. También advirtió que tanto los parques eólicos como los solares demandan una inversión en tecnología que se encuentra en dólares y cuya renovación se debe realizar en la misma moneda. Además, recomendó que, en caso de cobrar el canon, la provincia lo haga “en especias”, es decir “en energía o en un valor atado al costo de la energía que se produce”.
De igual modo, el legislador recomendó poner especial énfasis en la problemática judicial que puede enfrentar la provincia por tratarse de concesiones o prórrogas de concesiones que se rubricaron con el gobierno nacional como autoridad concedente, contratos en los cuales ya se fija un cobro por regalías que ingresan a la provincia.
“Vamos camino a un tema que seguramente se judicialice”, graficó Martínez al señalar que las empresas que operan en la provincia cuentan con los recursos suficientes para dirimir la problemática en el plano judicial y recordó que hace un par de años atrás dos firmas de la industria hidrocarburífera ganaron una demanda por el uso del recurso hídrico al municipio de El Chañar, con la consecuente erogación de fondos que le puede suponer a la localidad poder hacer frente a las costas que el mismo demande.
Por su parte, desde el bloque Avanzar, el legislador Francisco Lépore advirtió también sobre una posible judicialización y consideró que el cuerpo debe ser muy cuidadoso respecto al objeto que se intenta gravar y bajo qué modalidad lo pretende llevar a cabo, por tratarse de concesiones que todavía se encuentran vigentes.
De igual modo, respaldó la intención del proyecto y recordó que la provincia se encuentra ante “una ventana” para poder introducir el tema al indicar que al efectuarse las concesiones aún no se encontraba vigente la manda constitucional que otorga el dominio del recurso a las jurisdicciones provinciales.
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