Por Francisco Carnese
carnesef@lmneuquen.com.ar
La auditoría encargada por el gobernador Rolando Figueroa sigue su curso y ya se empezaron a conocer los nombres de personas que en su momento fueron designadas en diferentes áreas y organismos del Estado neuquino, que cobraban un sueldo, pero que no trabajaban.
La detección de irregularidades dentro de la administración pública comenzó el mes pasado con dos líneas de investigación en las que intervino la Fiscalía de Estado y que tienen que ver con una cantidad todavía no establecida de “ñoquis” y de empleados estatales que cobraban planes sociales.
Respecto a lo primero, se filtró el nombre del exintendente de Aluminé y que fue también subsecretario de Turismo durante el primer gobierno de Omar Gutiérrez: Andrés Méndez.
Méndez tiene una designación como asesor dentro del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) pero, a partir de información que surgió del propio organismo y que forma parte de la auditoría, no cumpliría ninguna función.
Con relación a los empleados públicos que cobraban planes sociales, el gobierno provincial ya dio de baja a 964 de esos beneficios y a los agentes estatales que los percibían se les iniciaron sumarios administrativos.
Irregularidades
En su momento, LMN informó que de la mencionada auditoría que encargó el Ejecutivo que asumió el 10 de diciembre, junto con el cobro de planes y la detección de gente que no trabajaba, surgió también otra defraudación al Estado provincial, vinculada con el uso de celulares liberados y el alquiler de camionetas de alta gama sin destino específico.
Entre las personas que aún poseen esos celulares se identificaron a empleados a los que no les correspondía hacer uso de estos dispositivos, como mozos y otros agentes estatales, y también a ex funcionarios que, obviamente, ya no están en ejercicio.
Uno de estos casos es el del exministro de Salud y Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez.
La investigación que lanzó el gobierno abarca también a empleados públicos designados en dos cargos a la vez y los resultados, con cantidad de casos y nombres respecto a todas las irregularidades detectadas, se darán a conocer de manera oficial una vez que la auditoría finalice.
Paralelo a todas estas cuestiones, Figueroa planteó hacia adentro un modelo de “austeridad”, el cual, se afirma desde el Gobierno, no tiene que ver con un “ajuste”, sino con eficiencia. Se aseguró que se busca reorganizar al Estado y que los servicios que este brinda estén “garantizados”.
Todo en medio de un escenario económico complejo, donde el gobierno neuquino tendrá que iniciar con los gremios negociaciones salariales con ingresos que hoy están por debajo de los egresos. Y compromisos financieros fuertes: este año se deben cancelar vencimientos por 300 millones de dólares, con una deuda consolidada de 1.160 millones, y un déficit del ISSN de 70.000 millones de pesos.
Fuente: lmneuquen.com
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