Dirigentes de ATEN pidieron subsidio estatal ‘cero’ para escuelas privadas de la provincia y para aquellas de gestión social, que perciban subsidio pero que no cobren cuota.
Así lo expusieron hoy Marcelo Guagliardo; Gustavo Aguirre; Marisabel Granda y Daniel Herrara, delegados de ATEN y vocales gremiales ante el Consejo Provincial de Educación, al ser consultados en la comisión de Educación sobre el proyecto que modifica la ley de Educación Pública de Gestión Privada –N° 695-.
La convocatoria se dio en el marco de discusión de tres normas complementarias de la Ley Orgánica de Educación –N° 2945-, que el cuerpo prevé sancionar antes del cierre de la actual período legislativo. Se trata de las leyes de creación de un observatorio de calidad educativa, de un fondo especial para reparación de edificios educativos, compra de insumos y cursos de capacitación docente, y la referida al financiamiento de la educación privada.
En su exposición, Guagliardo explicó que la medida tiene que ser de implementación gradual pero debe finalizar en un tiempo perentorio con un aporte del 0% de parte del Estado a las escuelas privadas. Indicó que hay casos de gestión social que deben ser tenidos en consideración, no obstante remarcó que se debe optar entre el cobro de una cuota o la solicitud de un subsidio.
Aclaró que hay escuelas con cuotas de 2500 a 3500 pesos que reciben subsidio sobre el 100 o el 50% del salario docente y que este beneficio genera desigualdad de oportunidades en detrimento de los alumnos que concurren a la escuela pública al subsidiar a los sectores de clase alta.
Los vocales observaron que el 13% de las escuelas de la provincia son de gestión privada y que ese porcentaje se divide en dos zonas; Neuquén capital y la región sur, especialmente San Martín de los Andes. Explicaron que esto se debe a la posibilidad económica de la población de pagar por el servicio educativo, situación que no se reproduce en el resto de la provincia.
Por su parte, Aguirre pidió que se tengan en consideración tres cuestiones básicas para poder otorgar un subsidio; que la institución se encuentre inserta en una población considerada vulnerable; que en la zona el Estado no pueda garantizar la enseñanza y que las mismas puedan comprobar que no persiguen fines de lucro. Al respecto, señaló que “ninguna escuela te va a poner en una carpeta que tiene fines de lucro”, en referencia al componente social que deben refrendar.
A la vez, exigió que el Estado comience a regular el sector. Por caso, dijo que el plantel docente que se desempeñe en las mismas debe tener legajo y estar incluido en la los listados de la junta de clasificación del CPE.
En igual sentido, se pronunció respecto a la potestad de las instituciones respecto al derecho de admisión y permanencia de los alumnos. Sobre este punto, advirtió que no se puede dejar en manos del “propietario” la facultad de decidir quién entra y quién no, sobre todo si el Estado subsidia a dicha escuela. Recomendó también que las instituciones que perciben aportes, deben abrir sus instalaciones a la comunidad.
Calificó como un contrasentido que el Estado aporte con el pago de salarios y que la infraestructura deportiva que posé el establecimiento esté cerrada a los vecinos del barrio.
Sobre el tema presupuestario, Aguirre resumió que para el presente ejercicio se transfirieron 120 millones de pesos a escuelas de gestión privada y que esos fondos resultan de vital importancia para arreglar y construir escuelas, sobre todo si se tiene en consideración el déficit económico y de vacantes que presenta hoy la educación pública. Mencionó que sólo en San Martín hay 100 alumnos de nivel medio que no tienen asegurado su banco para el año próximo y que situaciones similares se relevaron en Villa Pehuenia, Centenario y Rincón de los Sauces. También advirtió que peligra la posibilidad de cubrir la matrícula de salas de 4 años en los próximos 5 años, tal como lo establece la ley educativa, por el déficit de aulas en ese nivel.
Los representantes de ATEN también calificaron como “no prioritario” al Observatorio de Calidad Educativa que discute la comisión.
Marisabel Granda indicó que se puede convertir en un órgano de control sobre el funcionamiento del CPE y que para las acciones que pretende desarrollar ya existen direcciones creadas en el Consejo. Beatriz Kreitman –CC-ARI- le contestó que el CPE no difunde estadísticas desde el año 2012 y que desde su banca ella solicitó información que nunca le fue contestada por el organismo. En ese sentido, reivindicó la necesidad de crear el Observatorio para contar con estadísticas que permitan elaborar políticas educativas acordes a las necesidades de cada nivel.
