Por disposición del fiscal jefe de San Martín de los Andes, Fernando Rubio, se aplicó por primera vez en la provincia la “Declaración de Pulmarí” que reconoce la Justicia indígena para resolver un conflicto entre miembros de una comunidad mapuche.
El funcionario judicial tomó la decisión el pasado 20 de noviembre. Fue tras recibir la denuncia de un hombre que se reconoció como miembro de la comunidad mapuche Curruhuinca. Afirmó que en la tarde-noche del pasado 13 de septiembre, le robaron un buey que estaba a unos 800 metros de su casa en un paraje cercano a San Martín de los Andes. El animal fue faenado y vendido. Los restos, los encontró en las inmediaciones del mirador Arrayán.
De acuerdo al relato del denunciante, al día siguiente advirtió que un hombre y dos mujeres que también son miembros de la comunidad Curruhuinca, estaban vendiendo la carne y decían contar con autorización de la comunidad para hacerlo.
Luego de que se le tomara la denuncia, el fiscal jefe le explicó al denunciante que el caso se encuadra dentro de los parámetros establecidos por la “Declaración de Pulmarí” para reconocer la Justicia indígena. Esto implica que el caso no sea investigado por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, y por lo tanto que no ingrese al sistema penal judicial. De acuerdo a la “Declaración de Pulmarí”, corresponde que intervengan las autoridades de la comunidad mapuche para que el conflicto sea resuelto dentro del ámbito comunitario y según las costumbres del pueblo mapuche.
“Se advierte que en el presente caso se encuentran dadas las condiciones para la aplicación de los objetivos de la “Declaración de Pulmarí”, de conformidad con la Instrucción General N° 6 del Sr. Fiscal General de la Provincia del Neuquén”, sostuvo el fiscal jefe.
“Ello así por cuanto a criterio de este Ministerio Público Fiscal en el presente legajo se está frente a un caso que si bien interesa al Derecho Penal, por cuanto se trata de un supuesto delito de abigeato o hurto de ganado, por las características particulares del mismo no afecta gravemente el interés público”.
De acuerdo a la Instrucción 6 que firmó el fiscal general José Gerez en septiembre del año pasado para la aplicación de la “Declaración de Pulmarí” en la provincia, deben darse las siguientes pautas:
Debe tratarse de un conflicto que interese al derecho penal. Que involucre sólo a miembros de comunidades indígenas reconocidas por el Estado. Que haya ocurrido únicamente en territorio reconocido de las comunidades indígenas. Que el hecho no afecte gravemente el interés público o que no involucre un interés público prevalente. De aplicarse una sanción, que la misma respete los derechos humanos. Que el conflicto sea resuelto o avalado por una autoridad legitimada por las comunidades indígenas.
El fiscal jefe Fernando Rubio indicó en la resolución que “tanto la víctima como los supuestos victimarios pertenecen a la Comunidad Mapuche Curruhuinca”, y precisó que “el hecho fue cometido dentro del territorio reconocido como perteneciente a las comunidades Mapuche”. También mencionó que es un caso que interesa al derecho penal, y que no afecta gravemente el interés público.
Ante este panorama, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una audiencia a la Oficina Judicial para plantear ante un juez que prescindirá de la acción penal, y pidió que se notifique a las autoridades de la comunidad mapuche de las particularidades del caso y la decisión de aplicar la “Declaración de Pulmarí”.
La “Declaración de Pulmarí” fue firmada el 29 de agosto de 2014. Constituyó un hecho histórico que colocó a Neuquén a la vanguardia en políticas de integración intercultural, al reconocer las costumbres de los pueblos indígenas para resolver conflictos penales, en la medida que éstas sean compatibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
“A partir de ahora, desde la fiscalía vamos a hacer un seguimiento del caso para que se nos informen sobre el modo en que fue resuelto el conflicto. Entre otros aspectos, nosotros debemos garantizar que en caso de que se aplique una pena, no se violen los derechos humanos”, indicó el fiscal jefe.
