Secuestraron un arma en la cooperativa eléctrica de Zapala

La justicia Federal allanó por varias horas la Cooperativa de energía Eléctrica de esta ciudad (CEEZ). La medida, solicitada por la fiscal Karina Martínez Stagnaro, se dio en el marco de la investigación por una denuncia sobre manejos irregulares de recursos provenientes de un programa nacional que se utilizó desde el organismo.

Además de abundante documentación, la policía secuestró un arma de fuego con el cargador completo. Se trata de una pistola cuyas características no trascendieron. 

“Es un arma antigua, tenía el cargador completo, ahora se deberá peritar si estaba en condiciones de disparar”, explicó una fuente consultada por “Río Negro”.

Más allá de los aspectos relacionados con la investigación, los pesquisas se mostraron sorprendidos por el hallazgo. Sin dudas no esperaban encontrar un arma guardada en el interior de la Cooperativa.

La denuncia original

El programa, financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsaba partidas por un monto de 100.000 pesos que debían ser destinadas a objetivos generales como el fortalecimiento de las estrategias de participación de las familias a través de actividades deportivas, recreativas, educativas o pedagógicas y la promoción de la participación de la comunidad en actividades realizadas por organizaciones.

Según consta en la denuncia, el supuesto desvío de fondos se concretaba a través de la presentación de facturas de monotributistas.

Estos comprobantes, siempre de acuerdo a la hipótesis acusatoria, se liquidaban por caja chica en forma directa, obviando así todo el circuito administrativo de la CEEZ. Al parecer, luego se cubría el faltante con cheques por idénticos montos que eran retirados de la cuenta del programa que estaba habilitada en el Banco Nación.

De acuerdo a la denuncia, las facturas de los monotributistas habrían sido completadas con la misma letra que pertenecería a un ex colaborador de la cooperativa ya implicado en otras maniobras similares que fueron investigadas hace poco por la justicia provincial.

La orden fue solicitada por la fiscal Karina Martínez Stagnaro que investiga el desvío de recursos provenientes de un programa nacional de ayuda.
Fuente: Diario Río Negro

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