Según los autores, el proyecto de ley se plantea como una herramienta más para atender el problema de violencia de género pero es necesario que el Ejecutivo disponga de todos los dispositivos que las leyes tienen creados, a los efectos de proteger a las mujeres y niños víctimas de violencia. Se reclaman acciones que se desplieguen en todo el territorio y articular seriamente con los municipios en la materia.
En la mañana de hoy desde el espacio del Frente Grande fue presentado un proyecto de ley para la creación del Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Violencia de Género (RUPCDVG), con la presencia del diputado provincial Raúl Podestá, la intendenta de Zapala Soledad Martínez y la concejal de Aluminé Claudia González, entre otros asistentes, en el marco de una rueda de prensa.
La iniciativa lanzada en forma coincidente con las actividades del “8M Paro Internacional de Mujeres 2018” busca generar un registro de personas que hayan sido condenadas por sentencia judicial por delitos de violencia de género, que hayan incumplido medidas restrictivas ordenadas dentro del marco de un expediente por delitos de esas características, y personas que hayan incumplido el o los tratamiento/s terapéutico/s ordenado/s dentro del marco de un expediente por dichos delitos.
El diputado Raúl Podestá, impulsor de la norma destacó en la conferencia que “no fueron los últimos acontecimientos registrados en la provincia los que motivaron el proyecto, ya que se venía trabajando desde el año pasado en el marco de padecer la violencia de género en forma “alarmante” en la provincia, el país y en el mundo; se trata de generar una herramienta que sirva fundamentalmente para prevenir”. Aclaró que la propuesta contempla que la información generada sea de acceso público vía página web y sirva de antecedente”.
El registro, aclaró por su parte la intendenta Soledad Martínez, “se plantea en el marco de un sistema de disposiciones legales, se trata de medidas que se toman al momento de reconocer a la persona violenta e inclusive de su sanción; pero la provincia tiene un andamiaje legal muy progresista en la materia y necesitamos que el Ejecutivo disponga de los dispositivos que las leyes tienen creados a los efectos de empoderar y proteger a las mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar. Sostuvo en tal sentido, “ lo que pasó en Las Ovejas es consecuencia de la falta de políticas públicas activas a tal fin; no se resuelve el problema con un refugio en Neuquén capital, estas leyes tienen muchos años de vigencia y años sistemáticos de incumplimiento y tampoco se resuelve profundizando la centralidad de la respuesta de los efectores del sistema judicial y de los ministerios que atienden el tema. Hay que pensar en dispositivos que se desplieguen en todo el territorio o articular seriamente con los municipios las políticas públicas que permitan proteger a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia”.
Por su parte la concejal Claudia González de Aluminé resaltó la importancia para el interior de estas herramientas y destacó que “aunque hay leyes los municipios no tienen presupuesto, menos los de segunda categoría, para acompañar estas políticas y se pueden declamar pero en la práctica no se avanza”. Comentó la edil que en la localidad se está trabajando para poder contar con un refugio local, que ya cuenta con una ordenanza aprobada hace dos años, que tiene la reserva del terreno pero espera su construcción y concreción con todas las medidas necesarias para su funcionamiento”.
La iniciativa tiene como aspectos punitivos que quienes estén dentro del registro no podrán ser candidatos a cargos electivos provinciales y/o municipales, ni integrar como autoridades los Poderes Ejecutivo y Legislativo, entes autárquicos, descentralizados, empresas del Estado provincial y aquellas con participación estatal, el Tribunal de Cuentas y el Banco Provincia del Neuquén S.A. (BPN S.A.). Tampoco podrán acceder a cargos de magistrados o funcionarios, del Poder Judicial exigiéndose similar requisito a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia, o ejercer la función docente en el ámbito de la provincia, en ninguno de sus niveles. También contempla que no podrá ingresar a las fuerzas de seguridad de la provincia quien se encuentre inscripto en el RUPCDVG ni ingresar como proveedores y contratistas del Estado provincial de hallarse en el registro.
La autoridad de aplicación de la ley propuesta será el Ministerio de Ciudadanía o el organismo que en el futuro lo remplace. La inscripción en el RUPCDVG sólo podrá ser realizada por orden judicial, de oficio en las causas civiles, con carácter de obligación de funcionario público. En las causas penales el fiscal deberá solicitarle al juez la inscripción, con carácter de obligación de funcionario público.
