En una audiencia de ejecución penal realizada hoy en Yrigoyen 175 de la capital provincial, el funcionario del Ministerio Público Fiscal Andrés Carrea se opuso al beneficio de salidas transitorias solicitado por la defensa de Carlos Bernardo Soñé, un hombre condenado a 30 años de prisión por los delitos de abuso sexual y homicidio.
Carrea, acompañado por la funcionaria Laura Barbé, se opuso a que el hombre condenado acceda al beneficio porque “como lo viene sosteniendo sistemáticamente la fiscalía, entendemos que no hay elementos nuevos para cambiar de posición. Contamos con un informe anterior, que no ha cambiado. Soñé fue declarado responsable por hechos de extrema gravedad como lo son el abuso sexual con acceso carnal con abandono de persona seguido de muerte por los que se le fijó una pena de 30 años”. El funcionario judicial agregó también que “un informe psiquiátrico que dé lugar al beneficio debe ser favorable y el informe practicado a Soñé en febrero de este año, no lo es”.
La jueza de ejecución penal Raquel Gass avaló el pedido del representante del Ministerio Público Fiscal y argumentó su decisión en dos cuestiones; “en el resultado desfavorable del último informe psiquiátrico realizado en febrero” y además en que “como la causa tramitaba en otra circunscripción y fue remitida a la I circunscripción, no se han establecido aún las condiciones por las cuales se podría fijar el beneficio”. Luego de resolver, la magistrada ordenó que sea practicado a través del gabinete técnico criminológico, perteneciente al Poder Judicial, un nuevo informe y también que se comience a brindar tratamiento psiquiátrico o psicológico al imputado.
El delito por el cual Carlos Bernardo Soñé fue condenado a la pena de 30 años de prisión, en mayo de 2004, fue abuso sexual con penetración continuada agravado por su condición de guardador, en concurso real con abandono de persona agravado por su condición de guardador, en concurso real con abandono de persona agravado por el resultado de muerte, en concurso real con lesiones leves continuadas.
La defensa fue ejercida por la abogada particular Melina Pozzer, que solicitó que su defendido acceso a las salidas con el objetivo de que su defendido “afiance los lazos familiares y sociales”.
